La encrucijada en la que se encontraba la mujer trabajadora, en el período analizado desde 1873 hasta el inicio de la Guerra Civil, fue una limitación a su trabajo desde todos los frentes posibles: desde el parlamentarismo, justificando su negativa a la incorporación al trabajo en “aras al cuidado de su salud” para protegerla de su misión primordial que era la de ser madre; de los patronos, en su insistencia permanente para que no prosperase el aseguramiento de la obrera con el fin de eliminar costes salariales; de los medios escritos, en su burla por el trabajo femenino con motivo de algunas normativas como la “Ley de Silla”; de los sucesivos Gobiernos, al posicionarse en contra de las instituciones de previsión con tal de no aprobar sus recomendaciones hacia la obrera; de la Iglesia, en su insistencia a encaminar a la mujer hacia posicionamientos católicos y conservadores alejados de una cosmovisión de ciudadanía; de los sindicatos, en su obstinación en la obligatoriedad del pago de múltiples primas a las madres trabajadoras, a pesar de no luchar por sus derechos; y de los propios varones, que se negaban al trabajo de la mujer. Todo este entramado estaba en consonancia para conseguir el fundamento principal de su anulación en el paso a la sociedad-Estado consistente en evitar el derecho a su participación política mediante la negativa a su incorporación laboral fuera del ámbito doméstico. El único apoyo consistió en unos pocos burgueses integrantes de la Institución Libre de Enseñanza, como Concepción Arenal, pionera en la defensa de los derechos para los más necesitados y de la educación para la mujer, krausistas como Adolfo Posada o algún católico social como el zaragozano Inocencio Jiménez.