La publicidad es un principio ínsito en el actuar de los poderes públicos, el cual, entre otras cuestiones, sirve de freno ante posibles comportamientos arbitrarios; además, en positivo, contribuye a que ideales como la igualdad, la seguridad jurídica y la responsabilidad sean reales y efectivas en un Estado de Derecho. De manera particular, la publicidad informa el proceder de los órganos jurisdiccionales al juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y ello con una dimensión bifaz: permite a los justiciables controlar en su quehacer diario a los juzgados y tribunales y, así mismo, sirve para mantener la confianza del pueblo en ellos, reforzando la legitimación democrática del Poder Judicial. Hoy en día va a ser en el orden jurisdiccional penal donde más se cuestione la vigencia y alcance de la publicidad: hacia dentro, con su interdependencia con los principios de inmediación, concentración y oralidad, con el reconocimiento de legitimación en los procesos penales a actores particulares y populares y con la apertura a la ciudadanía de la posibilidad de poder participar en la Administración de Justicia mediante la institución del jurado; y, hacia fuera, porque todos los actores políticos, sociales y judiciales son sabedores de que las líneas de actuación en materia de justicia penal tienen que pasar por el tamiz de la opinión pública, vehiculizada a través de los medios de comunicación. Y ello, elevado a la máxima expresión, si en foco de la atención mediática se colocan, por ejemplo, casos de violencia machista o delitos de los poderosos. Por tanto, se genera una relación bidireccional entre justicia y opinión pública, que da como resultado el que la ciudadanía se muestre ampliamente recelosa con las actuaciones del Poder Judicial al ejercer la función jurisdiccional, y con el legislativo y el ejecutivo al definir, ejecutar y evaluar una concreta política criminal.