Con la aprobación de la LEC 1/2000, se introdujo por primera vez en el ordenamiento jurídico español la posibilidad de solicitar la adopción de medidas cautelares a los órganos judiciales en un proceso arbitral. Posteriormente, la Ley 60/2003 de Arbitraje confirmó dicha posibilidad, pero, además, admitió que las mismas pudieran ser adoptadas también por los propios árbitros. Se colmaba así una petición largamente reivindicada dirigida a dotar de mayores garantías de eficacia al arbitraje a las tendencias de las legislaciones arbitrales más avanzadas. En la presente obra se analiza rigurosamente la regulación aplicable, desarrollando desde un punto de vista práctico las distintas cuestiones que se pueden plantear a la hora de solicitar la adopción de medidas cautelares en los procesos arbitrales. Ello se realiza respecto de las medidas que para garantizar la eficacia del laudo pueden ser adoptadas por el órgano judicial o bien por los árbitros.