La obra del Dr. José Luis Castillo Alva constituye uno de los aportes más importantes y valiosos en el Perú y América Latina sobre la problemática, siempre presente, de la valoración racional de la prueba y la motivación de las resoluciones fiscales.

No hay valoración racional de la prueba, o esta se queda a medio camino, si dicha valoración no se justifica mediante buenas razones y argumentos. El sistema de justicia debe expresar las razones por las cuales a una persona se le considera culpable de la comisión de un delito o por qué se le considera inocente. Y todo ello debe ocurrir a partir de una valoración racional de la prueba y una suficiente fundamentación de dicha valoración en la que se explique y justifique el valor probatorio que se le asigna a cada medio de prueba, realizando una individualización del mismo, fijando su contenido, interpretándolo y valorándolo para obtener el resultado probatorio. Dicha labor indispensable y obligatoria debe verse complementada con la valoración global de todos los medios de prueba que han sido introducidos de manera válida y legítima en el proceso, respetando los derechos fundamentales, a fin de establecer si la hipótesis del Ministerio Público es confirmada o no.

La obligación de motivar la valoración de la prueba (los hechos probados) no es una elección del juez, no es una moda, no es una cortesía del juzgador. Constituye una garantía constitucional y convencional básica de la administración de justicia que debe ser cumplida de manera adecuada, suficiente y satisfactoria. La motivación de la valoración de la prueba representa, desde el punto de vista epistemológico y jurídico, el mecanismo idóneo que sirve para el control del poder de los jueces y la determinación de la legitimidad de sus fallos.

La obra del Dr. José Luis Castillo Alva constituye uno de los aportes más importantes y valiosos en el Perú y América Latina sobre la problemática, siempre presente, de la valoración racional de la prueba y la motivación de las resoluciones fiscales.

No hay valoración racional de la prueba, o esta se queda a medio camino, si dicha valoración no se justifica mediante buenas razones y argumentos. El sistema de justicia debe expresar las razones por las cuales a una persona se le considera culpable de la comisión de un delito o por qué se le considera inocente. Y todo ello debe ocurrir a partir de una valoración racional de la prueba y una suficiente fundamentación de dicha valoración en la que se explique y justifique el valor probatorio que se le asigna a cada medio de prueba, realizando una individualización del mismo, fijando su contenido, interpretándolo y valorándolo para obtener el resultado probatorio. Dicha labor indispensable y obligatoria debe verse complementada con la valoración global de todos los medios de prueba que han sido introducidos de manera válida y legítima en el proceso, respetando los derechos fundamentales, a fin de establecer si la hipótesis del Ministerio Público es confirmada o no.