El libro reúne cuatro trabajos que tienen como denominador común la preocupación por el contenido y los alcances del principio de proscripción de la arbitrariedad y su conexión con el deber de motivar las decisiones estatales, sean estas judiciales, administrativas o fiscales. La idea central que inspira la obra gira alrededor de que los actos estatales deben ajustarse a la Constitución y a la ley y que, por tanto, se debe evitar la comisión de actos arbitrarios y que la mejor manera de racionalizar el poder estatal es exigiendo cuotas rigurosas de justificación y fundamentación de las decisiones de todas las autoridades públicas.

Los trabajos que integran el libro si bien poseen un claro interés teórico buscan atender un reclamo de la práctica judicial, administrativa y fiscal sobre materias que se han encontrado postergadas y marginadas en su estudio. Para ello se ha utilizado de la manera más seria que nos ha sido posible con diversas sentencias del Tribunal Constitucional peruano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia; amén de la doctrina que aborda la problemática de la proscripción de arbitrariedad y de la justificación de las decisiones judiciales. Se trata de armonizar en buena cuenta tanto los aspectos teóricos de la materia como los desarrollos jurisprudenciales a fin de dotar un contenido orgánico y satisfactorio que atienda las exigencias de los operadores del sistema de justicia.