La intensa internacionalización que ha experimentado la economía española, en especial desde la segunda mitad de los años noventa, ha dado lugar al planteamiento ante la Administración y ante los tribunales de justicia de algunos de los problemas tradicionales del Derecho tributario internacional y comunitario que, pese a su complejidad y a que carecen de una solución uniforme en el panorama comparado, tienden a resolverse en términos un tanto reduccionistas. Por no poner más que un par de ejemplos, me referiré, por un lado, a las dudas que suscita la doctrina de nuestros tribunales respecto a la interpretación de los convenios para prevenir la doble imposición (CDI en adelante) y el valor que debe concederse a esos efectos a los Comentarios al Modelo de Convenio de la OCDE; y, por otro, a la problemática aplicación de normas antielusión internas para corregir supuestos de abuso en escenarios de fiscalidad internacional o comunitaria, suscitado en los pronunciamientos del TEAC respecto al empleo por holdings españoles de préstamos intragrupo para la adquisición de participaciones de otras empresas del mismo grupo empresarial.