La nueva Ley de Contratos del Sector Público (Ley 30/2007) ha supuesto en nuestro país un cambio de enorme trascendencia en materia de contratación pública. Cambio impulsado por la nueva normativa europea en la materia, fundamentalmente la Directiva 2004/18, de 31 de marzo de 2004, que persigue el triple objetivo de modernizar, simplificar y dotar de mayor flexibilidad el marco jurídico de la contratación del sector público europeo al objeto de que se respeten los principios de libre circulación de mercancías, libertad de establecimiento, libre prestación de servicios, igualdad de trato y no discriminación por razón de nacionalidad recogidos en los Tratados.

Siendo muy numerosas las innovaciones introducidas por la Ley, así como la propia complejidad de alguna de sus instituciones, resulta imprescindible disponer de una guía que de forma sencilla y ordenada nos permita introducirnos en el conocimiento de una norma que durante los próximos años va a regir la actividad contractual no sólo de las Administraciones Públicas españolas sino de la mayor parte de las entidades pertenecientes al sector público nacional.

No obstante su novedad, la Ley de Contratos del Sector Público en apenas tres años de su entrada en vigor ha recibido diversas reformas parciales que justifican esta nueva edición, entre las que destaca la Ley 34/2010, de 5 de agosto, que introduce, entre otras, importantes modificaciones en materia de recursos y medidas cautelares y crea unos Tribunales Administrativos en materia de recursos contractuales. Recientemente la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, también ha innovado esta Ley, especialmente en materia de modificaciones de los contratos. Por otra parte, la Ley de Contratos del Sector Público ha sido desarrollada parcialmente por medio del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, en materia de clasificación de las empresas contratistas, el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, la valoración de los criterios de apreciación subjetiva, especialmente cuando deba hacerse a través del comité de expertos u organismo independiente a que se refiere el art. 134.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, las mesas de contratación a constituir en el ámbito de las Administraciones Públicas y las comunicaciones al Registro Oficial de Contratos.