La ley objeto de estudio viene a ser una proyección sobre el régimen jurídico de las Entidades Locales de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (modificada por LO 9/2013, de 20 de diciembre).
Partiendo ante todo de la situación derivada de la crisis económica, incorpora esta ley una nueva concepción de las competencias municipales; porque no estamos ante una ley cualquiera, sino que afecta a la propia arquitectura del Estado, incidiendo no sólo en el nivel municipal y provincial, sino también en el autonómico y estatal. Sin poder decir que estemos ante una nueva «LOAPA», sí constituye una reconstrucción del Estado, principalmente del nivel local, pero con afecciones asimismo a las Comunidades Autónomas.
Esta nueva ley plantea serios problemas en su puesta en práctica tanto para municipios como diputaciones. No pocos en materia del estatuto de los cargos electivos y del personal –secretarios e interventores, personal eventual, personal directivo–. Se refuerza el papel de la Administración del Estado sobre el régimen jurídico de los primeros y se establecen límites sobre la dedicación exclusiva y retribución de los cargos electivos, así como del número de personal eventual (asesores).
La ley afecta al régimen de los consorcios locales, de las mancomunidades, de las entidades locales menores, así como de las empresas públicas y en aspectos tan importantes como el patrimonio municipal del suelo o el órgano competente para la aprobación de los presupuestos en determinados casos.
El detalle de todas estas innovaciones normativas aparece al poco tiempo de la entrada en vigor de la ley y convenientemente tratado en la obra incluyendo veintitrés estudios, a cargo de especialistas en la materia que, sin dejar de lado la perspectiva estrictamente jurídica, tratan de dar solución a los numerosos problemas prácticos que lleva consigo su aplicación en las entidades locales.