Desde el 11 de septiembre de 2001, la lucha contra el terrorismo se ha convertido en una de las mayores prioridades de la comunidad internacional, donde la tendencia común entre las distintas jurisdicciones es la adopción de medidas autoritarias para prevenir y reprimir la amenaza terrorista en nombre de una amplia demanda de mayor seguridad nacional.
En la actualidad, la amenaza terrorista y la reconversión de la seguridad nacional en derecho fundamental, provoca que los derechos fundamentales se vayan recortando. Esta monografía analiza la política criminal global y estatal en materia de terrorismo marcada por los instrumentos legales internacionales y europeos, también es objeto de reflexión las estrategias llevadas a cabo por los organismos internacionales y europeos en materia de lucha antiterrorista, así como las garantías de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo.
Un punto clave es la inexistencia de un concepto de terrorismo en el ámbito internacional, lo que a lleva la autora, con el fin de evitar una utilización arbitraria y asimétrica del término, a realizar un análisis crítico de los instrumentos legales europeos, de que sí cuentan con el concepto desde el 2002 hasta la reciente Directiva del 2017, y la definición prevista en el Código penal.
Otro es la identificación que en la actualidad existe entre radical y terrorista, que ha motivado que se instale en nuestro sistema jurídico un Derecho penal autor, anticipando las barreras de punición, con el fin de simplificar la prueba y facilitar las investigaciones policiales, castigando conductas sin vinculación con el acto terrorista, incluso conductas amparadas en la libertad ideológicas, de pensamiento y de expresión. Estas medidas aunque en principio centradas en el yihadismo, se extienden sobre toda disidencia política.
Este libro se cierra con una toma de postura de la autora respecto al denominado pacto antiyihadista que motivó la reforma del Código penal en 2015 en materia de terrorismo, modelo de represión autoritaria en Europa, que ha supuesto la normalización de la emergencia y excepcionalidad de nuestra la legislación antiterrorista.