La LO 14/2022, de 22 de diciembre introduce en nuestro Código Penal una novedosa figura delictiva, bajo el argumento de la lucha contra la corrupción, en el art. 438 bis, entre los delitos contra la Administración Pública: el delito de enriquecimiento injustificado. Se sancionan, así, los casos en que la autoridad se niegue a justificar el incremento patrimonial que ha sufrido. Opta el legislador por su configuración como delito de desobediencia en aras de intentar eludir las críticas que la sanción del enriquecimiento ilícito como tal había provocado respecto de la vulneración de la presunción de inocencia. Sin embargo, el cambio de eje llevado a cabo por el legislador otorgándole estructura de delito de desobediencia no ha puesto, en modo alguno, fin a la cuestionable incorporación del precepto que, si bien ya no atentaría de manera directa contra la presunción de inocencia, no obstante, colisionaría frontalmente con el derecho de defensa y sus distintas manifestaciones (derecho a no declarar contra si mismo, a no autoincriminarse, etc.), recogidos en el art. 24 CE. Al análisis de todas estas cuestiones, así como a la delimitación de los distintos elementos típicos que componen el delito de enriquecimiento injustificado se dedica el presente trabajo, que por su propia naturaleza resulta de elevado interés para los prácticos del derecho.