Nunca antes como ahora hubo una conciencia tan clara de la necesidad de gobernar las tendencias de la globalización a partir del marco de los derechos humanos y, al mismo tiempo, nunca antes como ahora, éstos se ven tan amenazados en su cumplimiento. Circunstancias tales como el abandono de la responsabilidad de los gobiernos ante la satisfacción de las necesidades básicas de la población, el asumir que la modernización significa trasladar los costes de la estabilidad social a los individuos, o la ruptura de barreras de protección a los países menos favorecidos en la competencia mundial, plantean serios desafíos a la vigencia de los DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales), y hacen en consecuencia más necesaria su reflexión. Si a escala mundial observamos, por un lado un consenso discursivo y, por otro una práctica violatoria de los derechos humanos, el reto que queda para los actores de la sociedad civil es reconducir este consenso a una práctica innovadora. Para ello se requieren amplias alianzas y generar fuerzas que partan de acumulación de acuerdos; sólo así será posible avanzar hacia una sociedad solidaria, construyendo equilibrios entre política y tecnología, entre cálculo racional de posibilidades y utopías, entre argumentos y testimonios, entre Estado, mercado y sociedad civil.