La sociedad está harta de la corrupción. Ya no tolera los atropellos y los privilegios de quienes se enriquecen de manera obscena a costa de los recursos del Estado.

En la Argentina y en la región, la corrupción se encuentra enraizada en la Administración pública desde hace 30 años; poco a poco, se ha convertido en estructural y se ha naturalizado. Especialmente en el último tiempo, el poder político ha intentado ocultarla, desoyendo los compromisos internacionales que exhortan a los Estados a adoptar políticas anticorrupción permanentes que trasciendan los Gobiernos, los partidos políticos y cualquier ideología.

Así, se han invisibilizado las consecuencias y los costos devastadores que genera la gran corrupción: pobreza, desigualdad, desconfianza, falta de legitimidad de las instituciones y una afectación directa de los derechos humanos fundamentales de las personas más vulnerables. En un Estado de derecho sano, quienes tienen la misión de administrar los recursos públicos deben practicar los valores de la ética, la honestidad y la transparencia. Además, deben rendir cuentas de sus actos, permitir el libre acceso a la información y someterse a los controles de instituciones fuertes e independientes. La ciudadanía, indefensa ante semejantes arbitrariedades y abusos de poder, aplaude la valentía de los jueces y los fiscales que ponen un límite infranqueable a la impunidad de la corrupción.

El mensaje claro respecto a que la ley y la Constitución Nacional están por encima de cualquier poder produce alivio y esperanza. Este libro es un aporte más en defensa de los intereses de la sociedad, la legalidad y el cuidado de la cosa pública. Pretende sentar las bases de un nuevo paradigma y construir una cultura de integridad capaz de desalentar este grave delito doloso que atenta contra el sistema democrático (art. 36 de la Constitución Nacional).