La reforma del Código penal por LO 1/2015, de 30 de marzo, ha supuesto la vigésimo octava modificación del sistema penal trazado por el Código de 1995. En esta ocasión estamos probablemente ante la más importante de las veintiocho, con una repercusión práctica que se extiende no solo a concretas figuras delictivas, sino a instituciones de la Parte general del Derecho penal.
Es por ello que se ha hecho necesaria la publicación de una revisión profunda de la primera edición de esta Tutela penal de las Administraciones Públicas, que data de 2013.
Dos realidades confluyen y determinan el contenido de esta Tutela penal de las administraciones públicas que ahora presentamos: la necesidad de crear auténticos especialistas en el tratamiento penal de la delincuencia relacionada con las administraciones públicas y la de un Estado, el español, que tras años de apatía parece salir de su letargo para dar respuesta al fenómeno de la corrupción, que en el momento de redactar estas líneas se sitúa como la segunda preocupación de los ciudadanos españoles, tan solo superada por la lacra del desempleo.
Es por ello que el presente texto nace con una vocación marcadamente utilitarista y didáctica. Pretende ser un instrumento útil para dar a conocer tanto las características generales de la responsabilidad penal en el ámbito del ejercicio de la función pública, como cada una de las figuras delictivas relacionadas con el mismo en un momento en el que esta materia resulta especialmente trascendente para el conjunto de la sociedad.
La obra se estructura en dos partes. En primer lugar se analizan los aspectos más relevantes de la Parte general del Derecho penal en su relación con la función pública, para pasar después, en la segunda parte, a estudiar los distintos delitos que, de alguna manera, afectan a las administraciones públicas –siquiera sea porque su autor es un funcionario público o autoridad–. Este segundo bloque se divide en tres módulos: delitos contra la Administración pública; delitos contra la Administración de Justicia; y otros delitos cometidos por autoridades o funcionarios públicos.
El texto incluye más de trescientos ejemplos y numerosa jurisprudencia citada –esenciales para comprender la materia objeto de estudio–. Todo ello hace que esta Tutela sea útil tanto a los estudiantes de las Universidades españolas, futuros juristas, como a cualquier estudioso que desde la Práctica quiera aproximarse y profundizar en la relación que une al Derecho penal con las administraciones públicas.