Las opciones religiosas de los ciudadanos tienen un impacto importante en la esfera pública, lo cual incluye naturalmente el servicio público del transporte. Ese hecho plantea cuestiones de relieve acerca de las políticas legislativas -nacionales y transnacionales- que regulan la prestación de ese servicio público, en el cual la seguridad ha devenido un factor esencial, y casi obsesivo, desde principios de siglo. ¿Han de valorar los gobiernos solo las implicaciones que derivan de las prescripciones religiosas de los ciudadanos? ¿Se han de guiar exclusivamente por criterios que garantizan la seguridad pública en el transporte como bien jurídico constitucional? ¿O cabe una solución integradora que incluya la protección de los derechos fundamentales?
Esta monografía tiene por objeto abordar, entre otras, estas cuestiones, analizando desde una perspectiva jurisprudencial y comparada los conflictos jurídicos más relevantes que se producen en el sector del transporte público. La autora demuestra que este ámbito constituye un micro escenario dentro del espacio público donde se refleja el pluralismo ideológico y religioso, así como una parte importante de las tensiones desarrolladas en él. Desde esa perspectiva estudia las causas que motivan dichas tensiones, y algunos de los retos a los que se enfrentan el legislador y los operadores jurídicos -públicos y privados- para garantizar la protección del derecho fundamental de libertad religiosa y de creencias de los ciudadanos y de los trabajadores de este colectivo.