Las comunicaciones electrónicas son una actividad completamente liberalizada y ampliamente armonizada a nivel europeo, con el propósito de facilitar el mercado interior. Sin duda, ello ha contribuido a una oferta más plural -en redes y servicios-, a precios más reducidos y con mayor satisfacción del consumidor. La recién reformada normativa europea establece un marco estable para el desarrollo del sector, que se basa en la libre iniciativa empresarial, pero que también prevé la intervención administrativa, cuando sea necesaria para promover la competencia y atender a los fallos del mercado. Esto explica que la regulación sectorial siga siendo el soporte fundamental sobre el que se asienta la actividad. No obstante, la normativa aspira también a la máxima desregulación posible. De ahí que la aplicación del Derecho de la Competencia tenga una importancia cada vez mayor en el sector. Finalmente, el mercado tiene también sus limitaciones. Esta es la razón de ser del servicio universal, que garantiza a todos los ciudadanos el acceso a prestaciones esenciales, en condiciones de igualdad, con precios y niveles de calidad adecuados.