La monografía que ahora presentamos aborda aspectos de gran relevancia para nuestra sociedad actual. Hablar de derechos y deberes de los ciudadanos para lograr el mayor nivel de salud individual y colectiva es poner el acento en la persona y en sus responsabilidades, además de las que corresponden a otros agentes.
Como reconoce el propio preámbulo de la Ley general de salud pública, no es el dispositivo asistencial el principal condicionante de nuestro nivel de salud. El entorno familiar, la educación, el diseño y los servicios de las ciudades y barrios, el agua que bebemos, el aire que respiramos, el ejercicio físico que se realiza, el entorno social y medioambiental de las personas, son determinantes de nuestra salud.
Por tanto, es importante tener en cuenta que para lograr nuestro mejor estado de salud se requiere de una buena educación y un esfuerzo personal por realizar actuaciones que redunden en la consecución de esta finalidad.
Sin embargo, sólo nos quedaríamos con uno de los apoyos que han de sujetar todo el entramado que conforma la salud pública, si no hiciéramos referencia a las acciones de coordinación y cooperación de las Administraciones Públicas y los mecanismos para que la gestión sanitaria vaya en la línea de mantener y mejorar la salud de toda la población.
Con esta obra hemos querido incidir, al tratarse de la primera ley estatal de salud pública, en las experiencias sobre la detección temprana de enfermedades raras metabólicas y hereditarias, así como la prevención en el campo de la oncología, cardiología y neurología, tratando de exponer en esta primera parte la realidad científica del momento en las patologías de mayor mortalidad.
La segunda incide en el análisis de los aspectos biojurídicos, estudiando desde esta perspectiva los principios inspiradores y abundando en las medidas especiales y cautelares de los derechos de los ciudadanos. Completa esta parte las referencias a los nuevos roles que se demandan al profesional de salud pública en la sociedad del siglo XXI y la responsabilidad social corporativa (que por primera vez aparece reflejado en una ley), como factor que también incide en la salud pública.