Este libro es el primero en su género dentro del sistema jurídico mexicano. Pocas obras nacionales se han escrito sobre el tema de responsabilidad patrimonial del Estado, pero ninguna del estudio relativo al Poder Judicial de la Federación. Se trata de la investigación que el autor presentó para obtener el grado de doctor en Derecho, con la cual obtuvo mención honorífica y la votación unánime para su publicación.

El estudio inicia con el análisis del sistema de responsabilidades de los servidores públicos, establecido en la Constitución, con enfoque hacia las y los juzgadores federales, el cual revela la falta de idoneidad de emplear un sistema de responsabilidad generalizado, que no respeta los principios ontológicos del Poder Judicial. Ello implica un sistema caótico, que deja abierta la posibilidad para que la independencia y autonomía se vean burladas, al someter a sus miembros a un entramado normativo incoherente.

Posteriormente, se realiza el análisis de la responsabilidad patrimonial del Estado, que permite entender cabalmente su acogimiento en nuestro sistema constitucional. En el estudio se demuestra que existen áreas de protección del Estado, para responder de los daños y perjuicios causados a los particulares, así como los problemas causados con la adopción de la teoría objetiva como marco rector de la responsabilidad patrimonial.

Por último, se estudia la responsabilidad patrimonial del Poder Judicial de la Federación, mediante un estudio comparativo ontológico del Poder Judicial, entre Estados Unidos, Francia y México, lo cual permite demostrar el acogimiento de diversas teorías incompatibles. Se examina la responsabilidad patrimonial del Poder Judicial en la actualidad, con un amplio estudio de los antecedentes legislativos que se refieren específicamente a la responsabilidad de la administración de justicia, en donde no falta el estudio de la teoría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece que· la responsabilidad del Poder Judicial únicamente se puede configurar a través de su actividad administrativa irregular, posición que se estima incorrecta por contravenir diversos instrumentos internacionales.