El gran número de trabajadores que prestan sus servicios en el sector del Comercio, bajo distintas denominaciones y distintas realidades normativas, origina una constante problemática que los tribunales se ven obligados a resolver. En este caso, no se está ante una insuficiencia normativa, sino ante normas que se vienen a aplicar a realidades similares y que, lejos de aclarar situaciones, contribuyen a generar desconcierto entre estos trabajadores, lo que hace imperativo encontrar mecanismos para conciliar las diferentes normativas.
Este trabajo estudia la problemática jurídica de los representantes de comercio sometidos al Real Decreto 1438/1985 de 1 de agosto, que regula, como relación laboral especial, la actividad de las personas que intervienen en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más empresarios, sin asumir el riesgo y ventura de aquéllas, analizando su contenido y resaltando las dificultades en torno a la diferenciación con otras figuras afines —aportando propuestas en aras a evitar la continua intervención judicial en orden a la determinación de su encuadramiento—, así como el análisis de su actual protección social.