La acuicultura constituye, actualmente, un fenómeno económico, social, tecnológico y cultural de gran relevancia siendo el sector de mayor crecimiento en el campo de la producción alimentaria mundial. Tanto la FAO como la Comisión Europea confirman la tendencia de crecimiento económico de la acuicultura y le otorgan un papel trascendente entre las alternativas del sector pesquero.
El entramado normativo existente en los ordenamientos autonómicos y estatal reguladores de la acuicultura, la pluralidad de instancias administrativas que intervienen en la ordenación de esta actividad, la diversidad de títulos administrativos necesarios para la puesta en marcha de un proyecto acuícolao el simple hecho de ser una actividad que ocupa una zona litoral de dominio público, integrándose en la necesaria política de planificación litoral, son algunos de los argumentos en los que se apoya la pertinencia de un estudio jurídico de la acuicultura marina.