La caza constituye una actividad que entraña un potencial riesgo para el propio cazador y para terceros; la existencia del riesgo conlleva una correlativa responsabilidad; uno y otra obligan a la Administración a intervenir regulando estrictamente las condiciones a las que debe ajustarse su práctica, lo que genera a su vez una responsabilidad de índole administrativa. Al propio tiempo confluyen en la actividad cinegética otros aspectos como son los medioambientales, cuya protección se va imponiendo cada vez con mayor rigor. La asunción de todo este bloque competencial por parte de las Comunidades Autónomas ha sustituido la anterior regulación unitaria que proporcionaba el Estado, por una normativa dispersa, diferenciada y muy frecuentemente contradictoria, a la que hay que adicionar las exigencias derivadas de Las Directivas europeas. En este trabajo se procuran recopilar de forma sistemática los preceptos que rigen la actividad del cazador, específicamente desde la perspectiva de sus responsabilidades; su enfoque práctico hace que su lectura sea accesible no sólo para el profesional del derecho, y le dota de una innegable utilidad.