La temática de este libro es un ejemplo claro de las mutuas interrelaciones entre el Derecho estatal y el Derecho canónico, por la doble condición de los bautizados, fieles y a la vez ciudadanos, que los somete a dos corpus normativos distintos. La correcta aplicación de ambos sistemas exige una labor de comunicación y coordinación abierta, transparente y fluida, en especial cuando están en juego bienes jurídicos a los que el Derecho confiere la máxima protección. Esa es la premisa de la que parte el autor de esta monografía capaz de llevar a cabo un estudio complejo del Derecho de la Iglesia y del Derecho estatal para extraer pautas que permitan proteger los derechos de las personas en la esfera del ius puniendi. El libro muestra la necesidad de que el Derecho canónico se abra a las aportaciones de la dogmática jurídica secular, en especial en el campo de los derechos humanos y, en particular, de las manifestaciones que integran el ámbito de protección de cada uno de ellos y de las garantías que han de estar presentes en su limitación. Pero esa apertura exige conocer los fundamentos y fines del Derecho de la Iglesia, para evitar un trasplante artificial de elementos que no encajen en la misión esencial del ordenamiento canónico. Se trata de que el Derecho secular contribuya a la ineludible y permanente depuración técnica del Derecho canónico, que al igual que todos los sistemas jurídicos está en permanente evolución conforme a los cambios sociales y los avances científico-tecnológicos. Las consideraciones anteriores nos llevan a afirmar que el estudio realizado por el Dr. Martín Rodríguez es una aportación concreta sobre un tema actual de gran repercusión mediática, con la que se contribuye a sentar las bases desde las que afrontar su tratamiento con pleno respeto a los derechos de las personas afectadas.