Dir. Manuel José Terol Becerra. Nada nuevo se descubre señalando el interés creciente que en la actualidad muestra la ciudadanía por los derechos sociales. A ello ha contribuido decisivamente, desde luego, el que desde la segunda postguerra se hayan ocupado de los mismos tantas Constituciones tantas Constituciones continuadoras de la corriente iniciada en este sentido por algunas otras adoptadas desde el período de entreguerras. Fruto de esa actitud ciudadana es que haya pasado ésta de esperar la implementación de las definiciones constitucionales atinentes a este asunto a tomar la iniciativa al respecto, exigiendo la correspondiente actuación pública en tal sentido. A título de ejemplo, es harto significativo al respecto, en lo que referente a España, que de las trece proposiciones de ley, debidas a la iniciativa legislativa popular, presentadas durante la VIII legislatura de las Cortes Generales, la mayor parte consistiesen en solicitudes de prestaciones sociales al Estado. Pues esa consideración merecen las que versan sobre la cuantía de las pensiones de viudedad y el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) (presentada el 2 de abril de 2004); sobre la regulación de ayudas para las víctimas de la violencia doméstica (presentada el 2 de abril de 2004); sobre extinción de los coeficientes reductores al cumplir los 65 años (presentada el 2 de abril de 2004); sobre aprobación de una norma para aumentar la baja por maternidad a seis meses (dos proposiciones de ley se presentaron al respecto, el 4 de abril de 2006, la primera, y el 16 de mayo del mismo año, la segunda); sobre el desarrollo por el Gobierno de la Ley 27/2005, de fomento y educación para la Cultura de Paz mediante la creación de una Agencia de Civiles por la Paz que aplique los principios promulgados en dicha Ley y los convierta en política pública y presupuestaria (presentada el 25 de julio de 2006); sobre medidas para solucionar la situación de crisis extraordinaria que vive el archipiélago canari