Uno de los efectos más notorios de la crisis económica es el incremento de la morosidad, con el aumento de impagados y de los retrasos y prórrogas en la liquidación de facturas vencidas, que afectan a todos los sectores y suponen importantes costes financieros, administrativos y jurídicos. esta situación, que se contagia en cadena entre la empresas y que, en muchos casos, tiene su origen en las dilaciones de los pagos por parte de las Administraciones Públicas, está provocando la pérdida de empleos y la quiebra de un alto número de empresas, incapaces de subsistir sin la liquidez necesaria para continuar con su negocio.

La preocupación por esta situación, especialmente patente en las pequeñas y medianas empresas, en gran medida dependientes del crédito a corto plazo y con evidentes limitaciones de tesorería, se plasmó en la Ley 3/2004, dictada en apliucación de una Directiva europea del año 2000. Ley recientemente modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio, cuya novedad más importante es la prohibición expresa de períodos de pago a proveedores superiores a 60 días.

Pocos meses después de publicada la Ley 15/2010, se aprobó una nueva Directiva por la que se introducen cambios sustantivos en la regulación europea para combatir la morosidad. La Directiva 2011/7/UE, de 16 de febrero, deberá ser incorporada el Derecho de los Estados Miembros antes del 16 de marzo de 2013. Una obligación que se limita a las disposiciones que constituyan una modificación sustantiva respecto a la Directiva 2000/35/CE y que no impide que los Estados Miembros mantengan o establezcan disposiciones más favorables para el acreedor.

En suma, la lucha contra la morosidad presenta múltiples aspectos y cuenta con un marco jurídico complejo. De esta importante y, a la vez, actual cuestión se ocupa la presente obra.