La tercera edición del Manual de Contratación de la Administración Pública mantiene la misma línea de trabajo de la primera y la segunda ediciones, que consiste en establecer algunas pautas sobre cómo la Constitución Política irradia el Estatuto de Contratación, cuyo propósito es servir como instrumento de interpretación de la Ley 80 de 1993; las leyes 1150, 1450, 1474 de 2011 y el Decreto Ley 019 de 2012, tanto en los procesos de selección de contratistas como en la ejecución y liquidación de los distintos tipos contractuales previstos en el estatuto. Adicionalmente, pretende dar una explicación de sus principales instituciones a partir de la exposición de motivos de la Ley 80 de 1993, con el único fin de escrutar el pensamiento del legislador; de la visión efectuada por la Corte Constitucional cuando se pronunció sobre la constitucionalidad tanto de la Ley 80 de 1993 como de la Ley 1150 de 2007; de las consideraciones del Consejo de Estado frente a los casos que ha tenido que resolver en las fases precontractual, de ejecución y de liquidación del contrato estatal; y finalmente, las posturas doctrinarias nacionales y extranjeras sobre el tema. Aprovechamos la oportunidad para presentar algunos criterios personales sobre temas en los cuales nos hemos tenido que pronunciar producto de nuestra experiencia en los distintos cargos desempeñados y luego como asesor externo de distintas entidades públicas y en el sector privado, y que adicionalmente han alimentado la cátedra que dicta en los programas de Especialización de Contratación Estatal y Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia. Anexo al texto viene como complemento la segunda versión del programa “Control de Legalidad a los Contratos Estatales” elaborado por el Departamento de Informática de la Universidad Externado de Colombia y debidamente actualizado con las últimas reformas que sufrió la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, más la integración del Decreto 734 de 2012. Consideramos que se trata de una herramienta útil tanto para quienes tienen a su cargo la gestión pública en la celebración de contratos en su condición de ordenadores de gasto como para los organismos de control fiscal y disciplinario, y la evaluación de la comisión de delitos contra la administración pública por parte de la Fiscalía y los jueces penales.