«Todo trabajador tiene derecho a trabajar en condiciones que respeten su salud, seguridad y dignidad»
Artículo 31.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Es bien sabido que la institución de los Servicios de Prevención es la columna vertebral de nuestro modelo preventivo. Ciertamente, la organización y gestión de la prevención de los riesgos laborales en la empresa es uno de los elementos institucionales más importantes sobre los que se asienta el sistema español de Seguridad y Salud en el Trabajo, constituido en torno al eje central de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), que transpuso al ordenamiento interno la Directiva Marco 89/391/CEE. En concreto, es esta Directiva Marco, a través de su artículo 7, la que impone a las empresas la obligación de organizar unos servicios de protección y prevención. Por su parte, será el Capítulo IV de la LPRL de 1995 el que adopte el modelo organizativo general establecido en la Directiva, desarrollándolo en sus trazos básicos a través del artículo 30 y, después, de manera más singularizada, mediante el RD 39/1997, de 17 de enero.
Bajo las exigencias de transposición de la Directiva Marco, nuestro Derecho interno incorpora la institución de los Servicios de Prevención, como eje del modelo legal de prevención de riesgos laborales y de lo que se ha dado en llamar «gestión preventiva». Esta institución ha sido objeto de análisis relevantes, que están en la mente de todos, pero estaba necesitada de un estudio completo y actualizado atendiendo tanto a los cambios de regulación directos sobre la propia institución objeto de estudio, como a la fuerza que imprimen los cambios de los marcos de referencia legislativos y sus consecuencias en la metamorfosis de muchas de las instituciones preventivas.