Tanto el problema de la vivienda como su solución a través del arrendamiento urbano, chocan frontalmente desde el principio y son generadores de innumerables contradicciones en el plano jurídico. Las necesidades reales del indivíduo que precisa de una vivienda digna para desarrollar en ella su cotidianidad, así como las de los pequeños y medianos empresarios que hacen uso de la relación arrendaticia como base para iniciar una actividad profesional que sin duda pretende erigirse como su principal medio de subsistencia, se encuentran enfrentadas a los derechos de cualquier propietario merecedor de una adecuada protección que garantice su ejercicio. A través de este trabajo se pretende demostrar que, para proteger al arrendatario y proporcionarle la estabilidad de la que precisa en el deseo de hacer efectivo su derecho a una vivienda digna o de poder consolidar su actividad profesional como medio de subsistencia, existen, dentro de los mecanismos que el legislador ha empleado, otras posibilidades que no suponen una merma tan injustificada y excesiva para el derecho de propiedad como las que hasta ahora se venían imponiendo, y que permitirán reducir las diferencias y dificultades en la conciliación de estos dos derechos absolutamente antagónicos cuando se ven obligados a convivir bajo el influjo de la relación arrendaticia. Los Fondos de Inversión Inmobiliaria, cuyo patrimonio se integra por bienes inmuebles de naturaleza urbana, que serán explotados en régimen de alquiler con el objetivo de lograr un rendimiento colectivo, podrían convertirse en la solución para alcanzar un mayor equilibrio entre arrendadores y arrendatarios, proporcionando a éstos últimos una estabilidad más amplia en contenido y prolongada en el tiempo, sin que la merma sufrida por el derecho de propiedad suponga un conflicto para el arrendador que, lejos de ver cierta desprotección en sus intereses con el aumento de prerrogativas a favor del arrendatario, podría sentirse especialmente beneficiado co