Esta obra trata de la responsabilidad penal de los sujetos obligados en el marco del sistema de prevención del blanqueo de capitales. Analiza que estos profesionales están en el centro del sistema de prevención, y que su colaboración con el Estado en esta cuestión sólo tiende a aumentar. La hipótesis planteada es que parte de la prohibición del delito de blanqueo y ciertas formas de imputación del mismo (imprudencia y
comisión por omisión) se refieren, de hecho, a una exigencia de colaboración de los sujetos obligados con el Estado. En este contexto, se presentan propuestas para distinguir, delimitar y fundamentar la parte exclusiva de responsabilidad que corresponde a los sujetos obligados, en forma de un deber especial de colaboración. Se llega a la conclusión de que la colaboración de los particulares consiste en un deber
positivo especial, que se basa en su papel de cuasi-funcionarios, y que está limitado por su cercanía con el riesgo de blanqueo, así como por su posición de competencia preferente ante el resultado.