Desde la constitucionalización de los Colegios Profesionales, ha sido su naturaleza jurídica una de las cuestiones que más problemas ha suscitado en el mundo colegial. La falta de una jurisprudencia clara al respecto, unido a que las Leyes administrativas,- en concreto, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa- no se han pronunciado, en relación a su ámbito de aplicación, sobre los Colegios Profesionales, ha dado lugar a una situación de gran inseguridad jurídica. En este trabajo, defendiendo el carácter de Administraciones Públicas de estas Instituciones, se proponen algunas soluciones en relación a determinadas actuaciones derivadas de su régimen jurídico y funcionamiento. Así, dentro del amplio abanico de interrogantes que pueden ser objeto de examen, se reflexiona sobre: la reserva de Ley que preside la creación de los Colegios; la necesaria distinción entre estas Instituciones y otras posibles agrupaciones profesionales; las materias a las que deben ser de aplicación la LRJPAC y la LJCA; las diferentes potestades administrativas atribuidas por la legislación vigente a los Colegios y, en especial, su potestad normativa así como los mecanismos de control que deben ser implantados en el marco de su actuación económica.