El régimen permitió y amparó la represión tanto durante la guerra como tras ella, para lo cual diseñó una justicia, que se grabó a fuego sobre los presos y sus familiares. En su objetivo, punitivo e infamante, no había límites: hubo jóvenes que fueron condenados a muerte y se dilató su ejecución hasta que cumpliesen la mayoría de edad. Los presos fueron utilizados en obras públicas y privadas, a cambio de sometimiento y una ínfima retribución, insertos en el Patronato de Redención de Penas por el Trabajo o en los batallones de trabajadores donde no percibían pago alguno. Las mujeres fueron víctimas especiales de esta política, por sí o por tener a sus familiares presos o fugados. Para ellas se diseñó el delito consorte, que les hacía objeto de chantaje, y les obligaba a asumir e imponer en el entorno familiar el sometimiento que imponía el régimen. La Iglesia católica, en connivencia con el Estado, bendecía la cruz impuesta a la población reclusa y su entorno y lo maquillaba con una propaganda que aireaba clemencia donde sólo había ensañamiento. Esta comprendía medidas diversas para su rescate desde el principio de la penitencia y el sometimiento. La Iglesia católica bendecía la cruz impuesta a los vencidos, que nunca dejaron de serlo y, junto al Estado, maquillaban la realidad a través de una propaganda que vendía clemencia donde había ensañamiento, que envolvía la coacción con palabras pías y patrióticas. Las instituciones penitenciarias y los campos de concentración se multiplicaron como lugares de expiación. Los que sobrevivían al hambre y al maltrato se encontraban con una política bifronte: por un lado la coacción para el sometimiento. Por otro, su supuesta redención a través de indultos y medidas parciales que les mantendrían para siempre sujetos por el miedo