"El autor de esta obra, sin dejar a un lado las distintas teorías iusfilosóficas, que aunque son necesarias para comprender la naturaleza jurídica de los precisados derechos sociales, sí son prescindibles para el tema de su eficacia, se centra en analizar los problemas vinculados a su desarrollo efectivo y protección jurisdiccional. Para una mejor comprensión del trabajo realizado en tres partes perfectamente delimitadas, el autor defiende sólidamente la tesis de que aunque los textos internacionales y las constituciones normativas presentan muchas veces de forma devaluada el tema de los derechos sociales, éstos pueden ser exigidos ante los órganos jurisdiccionales de forma directa o indirecta. Después de rebatir las posiciones doctrinales que defienden la imposibilidad de dotar de garantías jurisdiccionales a esta categoría de derechos sostiene y demuestra, con sólidos argumentos, que en los Estados sociales de comienzos del siglo XXI, donde se pretenden asegurar los valores de igual dignidad y autonomía personal, a los derechos sociales se les debe otorgar en las constituciones el mismo estatus jurídico y el mismo nivel de protección por parte de la justicia constitucional –culminación del Estado de Derecho– que a los clásicos derechos de libertad. En función de las razones previas es preciso realizar la crítica a aquellos textos constitucionales donde la categoría de los derechos sociales esté dotado de un menor número de garantías que el resto de los derechos y a mayor abundamiento –como sucede en el caso español– ni siquiera reciben el nombre de derechos; el constituyente español los define en su condición de principios rectores de la política social y económica; es decir, se trataría de fines del Estado.

El nudo gordiano del trabajo se centra en desvelar el proceso de resocialización de los presos y detenidos desde una perspectiva de concesión de derechos sociales en las cárceles, con fundamento en el contenido esencial de los postulados básicos del Estado Social y Democrático de Derecho y analizar las garantías procesales cuando tuviere lugar una omisión administrativa. Para ello ha sido preciso realizar una nueva propuesta del concepto actual de resocialización de penados con base en elementos de la criminología crítica y apostando por una resocialización espontánea basada en una política de naturaleza liberal social."