La influencia de la legalidad penal en la construcción del moderno Derecho Penal es innegable y a ella se ha dedicado un esfuerzo dogmático y jurisprudencial descomunal. Tampoco puede negarse el valor intrínseco que tiene la legalidad penal, determinado por la función de garantía que está llamada a cumplir. En la fisonomía que los derechos nacionales continentales le confieren a la legalidad penal, esta garantiza que la responsabilidad penal solo puede ser impuesta, entre otros presupuestos, si se ha verificado la ejecución de una conducta que esté descrita en una ley parlamentaria como un delito.

Asimismo, en virtud de tal responsabilidad solo puede imponerse la pena que también esté prevista en una ley parlamentaria. En suma, que solo la ley parlamentaria puede establecer los delitos y determinar las penas aplicables a ellos, lo que se expresa en el axioma nullum crimen nulla poena sine lege parlamentaria (scripta, praevia, estricta y certa). Las hipótesis de trabajo de este libro son: en su concepción continental, la legalidad penal tiene un carácter principalmente procedimental, esto es, su núcleo central está enfocado en la forma en que debe producirse la norma penal y, en consecuencia, los rendimientos que de ella pueden esperarse se relacionan con el interrogante de cómo prohibir penalmente, pero no con el de qué prohibir penalmente; y que en atención a que la legalidad penal no cumple una función de limitación material, la potencialidad de injerencia profunda del Derecho Penal en los derechos fundamentales plantea la necesidad de encontrar otros mecanismos alternativos de garantía.

Se realiza un análisis histórico que sostiene que, en la conformación del Estado liberal-legalista, la legalidad penal perdió los elementos materiales de limitación material de la potestad punitiva con los que había sido dotado por la Ilustración; y que el proceso de reconstrucción jurídica posterior a la Segunda Guerra Mundial y el neoconstitucionalismo no repusieron. Atendido su carácter procedimental, la legalidad penal no puede ser juzgada como responsable de la orientación de la política criminal que, de acuerdo con una parte de la doctrina, es cada vez menos liberal. De todos modos, a pesar de su escaso poder limitador, se sostiene que sería un error prescindir de la legalidad penal. La solución requiere en el plano conceptual, de una nueva comprensión de la potestad punitiva con relación a la vigencia efectiva de la libertad y de los demás derechos fundamentales y la asunción de su naturaleza esencialmente política. Asimismo, la solución necesita integrar el Derecho supranacional que es, hoy por hoy, una realidad tan tangible como lo es propio texto constitucional.