El progresivo e imparable éxito alcanzado en los últimos años por el alojamiento de corta estancia en viviendas particulares destinadas a un uso turístico ha provocado, sobre todo en ciudades con notable afluencia turística, un importante impacto social y económico que afecta directamente a los derechos e intereses de terceros ajenos a la relación contractual, y suscita graves enfrentamientos y litigios entre los profesionales del sector de alojamiento turístico, los propietarios de las viviendas cedidas en alquiler y las empresas que actúan como soporte de las plataformas de alojamiento colaborativo. La entidad de los derechos en conflicto (derecho a la vivienda, derecho a la libertad de empresa, derecho de propiedad, derecho al medioambiente…), si bien motiva que no sea fácil determinar la prevalencia de unos sobre otros, exige que cualquier limitación y restricción que se imponga a unos en favor de otros esté clara y objetivamente justificada. No ha sido este el camino seguido en nuestro ordenamiento jurídico en el que, so pretexto de defender el «interés general» y de luchar contra las «externalidades negativas», identificadas con la saturación de determinados espacios y servicios públicos, con la pérdida de identidad de las ciudades y con el alza de los precios de la vivienda en las áreas centrales, los legisladores han aprobado normas que exceden claramente de sus competencias y limitan en exceso el derecho individual de propiedad y el de libertad de empresa.