La aparición de la Universidad privada como institución, configurada jurídicamente con la sustantividad propia con la que hoy la concebimos y conocemos en España (que la distingue claramente de los centros adscritos de titularidad privada ya anteriormente establecidos), constituye una realidad todavía reciente, producto #y ni siquiera inmediato# del ordenamiento constitucional vigente; en particular, del reconocimiento de la libertad de creación de centros docentes en el artículo 27.6 de la Constitución. Al igual que sucede en otros países de nuestro entorno, la interpretación de este derecho fundamental no ha sido entre nosotros pacífico en el ámbito de la educación superior, ni por ello lo ha podido ser tampoco el (relativamente) tardío logro de su plena efectividad, que no se produjo realmente hasta 1991. Con razón o sin ella, lo cierto es que el prejuicio y la desconfianza no han sido superados hasta nuestros días, como evidencia la reforma de la legislación universitaria a la que más adelante me referiré y cuyo proyecto acaba de remitir el Gobierno a las Cortes para su tramitación.