Los procedimientos de reestructuración se han mostrado como el mejor instrumento para hacer frente a las situaciones de crisis o de insolvencia que padecen empresas económicamente viables, pero que afrontan graves problemas financieros. La razón es que les permiten continuar su actividad y maximizar su valor en beneficio de acreedores, socios, trabajadores y del propio sistema económico. No es extraño, por ello, el interés tanto de abogados como del legislador, así como el progresivo número de ronunciamientos judiciales que se ocupan de ellos. La complejidad de los problemas que plantean derivan de que las reestructuraciones societarias son un punto de encuentro en el que confluyen el Derecho de sociedades y el Derecho de la insolvencia. La magnitud de los intereses en juego, así como la reciente aprobación de la Directiva 2019/1023, sobre marcos de reestructuración preventiva, plantean retos que reclaman nuevamente atención, especialmente en este momento en el que los Estados Miembros deben transponerla al Derecho interno. La publicación de la Directiva constituye igualmente una oportunidad para comparar las soluciones propuestas por el legislador europeo con las elaboradas por otros organismos internacionales, como la Guía legislativa UNCITRAL en materia de insolvencia o los Principios del Banco Mundial, que inspiran la legislación concursal de los países latinoamericanos