¿Cuánto Derecho penal necesita la sociedad moderna para regular los comportamientos humanos? Nadie parece tener una respuesta para esta pregunta, a pesar del aluvión de demandas sociales de penalización al que asistimos en la actualidad, de cuya atención depende la convivencia social en términos pacíficos. La introducción de nuevos delitos en el Código Penal o la despenalización de otros, el endurecimiento de las penas o su condonación por medio de la prescripción o de las amnistías, son algunas de las cuestiones que nos están enfrentando en la actualidad a unos ciudadanos con otros. Para mantener una convivencia ordenada en los valores de la libertad, del pluralismo y de la democracia se aconseja preguntarse mejor por ¿Cuántos delitos exige la Constitución para que el sistema penal aparezca acorde con ella? Para esta cuestión sí que existe una respuesta o, al menos, una metodología para aproximarla. No hace mucho que se ha descubierto que las Constituciones y los Convenios internacionales contienen una serie de deberes estatales de protección implícitos en las normas de Derechos Humanos Fundamentales, y que las medidas establecidas para su cumplimiento deben respetar la prohibición de infraprotección. Estas instituciones del Derecho constitucional pueden ser útiles para que los parlamentos nacionales lleguen a un acuerdo sobre cuándo resulta necesario recurrir al Derecho penal para la solución de un conflicto social, y trasladen a la ciudadanía esa seguridad que tanto ansía, respetando siempre los principios clásicos del Derecho penal. Las obligaciones estatales de tutela penal conducen a un Derecho penal que garantiza, como mínimo, la protección adecuada de los bienes jurídicos de los ciudadanos ante agresiones entre sujetos privados, respetando al máximo sus libertades. El lector podrá encontrar en esta obra una explicación detallada de estas instituciones de la Teoría de la defensa a través del Estado, y su interacción con los principios penales más relacionados con la política criminal.