... y a las medidas de agilización procesal de 2011. La presente obra examina, a la luz de la reforma del Código Penal de 2010, al amplio catálogo de responsabilidades penales derivadas de delitos cometidos tanto por los administradores sociales como por las propias sociedades de capital, estas últimas en tanto que personas jurídicas penalmente responsables a partir de la introducción del artículo 31 bis del vigente Código Penal. El autor realiza un detallado análisis individualizado de cada uno de los tipos penales susceptibles de desencadenar la imputabilidad de los administradores y/o de la propia sociedad: delitos societarios, falsedades documentales, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, acoso sexual, acoso laboral, insolvencias punibles, concurso de acreedores, estafas, apropiación indebida, corrupción entre particulares, tráfico de influencias, etc. La obra establece, en definitiva, el marco regulatorio al que quedan sometidos en el ámbito penal los administradores societarios cuando actúan, al menos aparentemente, en nombre de la sociedad que administran. Del mismo modo, el autor proyecta la extensión de dicho marco normativo sobre la responsabilidad criminal, siempre de carácter patrimonial, de las personas jurídicas. En este último supuesto, se ponen de relieve las deficiencias de carácter procesal que resultan de la necesaria y demandada reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en orden a que la sociedad pueda comparecer en el proceso penal con idénticas garantías a las que amparan a las personas físicas.