La responsabilidad patrimonial de la Administración pública ha sido y es uno de los pilares que configuran el sistema de garantías que, junto con la jurisdicción contencioso-administrativa, definen el modelo de Administración Pública de nuestro actual Estado de Derecho. Una institución, la de la responsabilidad patrimonial, que está siempre en constante evolución, sometida a cambios y críticas, pero que se sustenta sobre un sistema de conceptos y reglas más o menos recognoscibles.

En los últimos años, a través del Derecho Internacional, ha irrumpido una nueva realidad con inesperada fuerza en el edificio que creíamos estar construyendo. Los dictámenes de los órganos de expertos de Naciones Unidas están empezando a adquirir en nuestro ordenamiento una inopinada relevancia y han impactado en nuestro sistema de responsabilidad patrimonial sin apenas darnos cuenta. Recomendaciones, proposiciones de soft law que, pese a su ausencia de carácter vinculante, están dando lugar a un nuevo tipo de responsabilidad, la responsabilidad del Estado en su conjunto, derivada de violaciones de derechos humanos detectadas en estos dictámenes. Una situación insólita en Europa, que no tiene parangón en nuestros países vecinos.

El libro aborda, a través de un estudio de Derecho comparado, el estado de la cuestión en España, Francia e Italia y desvela el peculiar planteamiento que están asumiendo nuestros tribunales en la materia. Una realidad inquietante que deja muchas cuestiones abiertas sobre el futuro de nuestro sistema de responsabilidad patrimonial.