El primer artículo de nuestra Constitución conceptúa el Estado español como un Estado Social y Democrático de Derecho. De estos tres pilares fundamentales sobre los que descansa nuestra convivencia, una de las líneas en que más está avanzando la sociedad y con ella el ordenamiento jurídico, y sobre todo la parte del ordenamiento relacionada con la actuación de las Administraciones Públicas, es la referida al Estado Social. Esta orientación social del Estado viene caracterizada, de un lado, como una continua lucha y una tendencia hacia la creación de unas condiciones de vida, un estado de bienestar cada vez mayor para los ciudadanos, y por otra parte, viene acompañada por una predisposición o buena disposición por parte del Estado en orden a la satisfacción de determinadas necesidades o intereses sociales. Desde hace tiempo venimos manteniendo que la realidad del Estado social obliga a nuevas consideraciones. La superposición del Estado y la sociedad, la disolución de las diferencias radicales entre lo público y lo privado, y la participación creciente de los ciudadanos en las tareas administrativas obligan a una reconsideración global de la visión clásica de nuestra Administración pública, de sus objetivos, de sus procedimientos y ámbitos de actuación 1. Por otro lado, esta forma de actuación del Estado, preocupada por satisfacer y favorecer una serie de intereses sociales no es «gratuita». Su puesta en práctica conlleva una contrapartida, pues al ampliarse la intervención de los poderes públicos a un abanico cada vez mayor de ámbitos sociales, se produce un paulatino control o fiscalización por parte de los poderes públicos de ámbitos cada vez más íntimos de la sociedad civil, como es el caso de la familia en general y de los menores en particular, por lo que esta actuación debe siempre someterse a principios, límites y criterios que otorguen el mayor grado posible de racionalidad, proporcionalidad y claridad