El conflicto entre la necesidad de pacificación de la sociedad y las exigencias de castigo y de satisfacción de los derechos de las víctimas de un pasado de graves violaciones de derechos humanos ha sido, es y será una constante en la historia de la humanidad. Esta tensión entre lo pretérito y lo venidero en el marco de la denominada justicia transicional provoca que, en ocasiones, los Estados renuncien o flexibilicen la principal consecuencia jurídica del delito —esto es, la pena— respecto de los distintos perpetradores. Desde el derecho internacional, se mantiene la existencia de un deber estatal de castigo que vendría a limitar sensiblemente la discrecionalidad punitiva estatal y, más concretamente, la posibilidad de emplear medidas premiales —amnistías, indultos u otras similares—. No obstante, no queda claro cuál es el fundamento de dicho deber, ni en qué medida puede flexibilizarse en supuestos de colisión de intereses. Esta obra aborda el estudio de dicho deber no solo desde el derecho positivo, sino también desde la óptica de la teoría de la pena, algo tradicionalmente olvidado. Si de lo que se trata es de saber si o cuánto es posible renunciar a la pena, necesariamente habrán de examinarse sus fines. Del mismo modo, ante las voces que en los últimos tiempos especulan con la posibilidad de trasladar la lógica premial transicional al terrorismo doméstico, la obra analiza la necesidad inmanente en este último tipo de violencia. Su caracterización como estrategia de comunicación que, en última instancia, busca provocar al poder, marca una evidente distinción con los escenarios transicionales clásicos, si bien no se cierra la puerta a que medidas como los indultos puedan compensar una suerte de Derecho penal del enemigo.