Los mercados de telecomunicaciones estuvieron hasta los años ochenta en manos de las autoridades estatales. Constituían mercados monopolísticos u ostentaban importantes derechos especiales que delimitaban unos mercados ajenos a cualquier injerencia competitiva. Cuando surge la necesidad de abrirlos a la competencia, en un panorama de crisis de la industria europea, se plantean dos cuestiones fundamentales: en primer lugar, introducir competencia, esto es, establecer unas reglas de juego que obliguen a los agentes a competir en los mercados. En segundo lugar, la defensa de la competencia, que básicamente consiste en hacer que estas reglas de juego se respeten.