El Derecho español en materia de extranjería contempla la expulsión del territorio nacional como la principal consecuencia jurídica a la que han de enfrentarse los extranjeros que delinquen. La regulación, compartida por la legislación penal y la administrativa, ofrece un abanico de modalidades de expulsión vinculadas mediante complejas interrelaciones. Así, el Código Penal permite expulsar a extranjeros con o sin residencia legal en sustitución de las penas de prisión superiores a un año impuestas en sentencia (artículo 89) o de las medidas de seguridad que les fuesen aplicables (artículo 108). Como complemento a estos supuestos de expulsión judicial, la Ley de Extranjería recoge en su artículo 57 varias situaciones que posibilitan una resolución administrativa de expulsión derivada de la posesión de antecedentes penales por parte del extranjero. En esta monografía la autora indaga primero sobre el sentido de la figura de expulsión, desde una perspectiva crítica, y se adentra después en un análisis profundo del contenido de esta regulación, reflejando a la vez la problemática de su aplicación práctica. Todo ello a través de un abordaje multidisciplinar, donde se expone y valora la doctrina de las salas segunda y tercera del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Son constantes así mismo las referencias a la normativa de la Unión Europea sobre el tema, sin olvidar los relevantes pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.