En el campo de las afecciones a los derechos patrimoniales de los ciudadanos, la expropiación forzosa por causa de utilidad pública o de interés social es la más incisiva de las prerrogativas administrativas y, a su vez, una de las más sensibles al sistema de garantías que consagra el Estado de Derecho. Desde la ya lejana aparición de la vigente Ley de Expropiación Forzosa de 1954 y de su Reglamento de 1957 la realidad ha desbordado la regulación originaria de la figura. El largo tiempo transcurrido y el contexto constitucional en el que la potestad expropiatoria se inserta han puesto de manifiesto disfunciones y carencias de aquellas normas que, a la postre, determinan que la institución expropiatoria no pueda hoy aprehenderse cabalmente por el jurista sin su interpretación jurisprudencial. La profusa jurisprudencia en esta materia ha desvelado la enorme complejidad técnica del instituto expropiatorio, por lo que se hacía especialmente necesario su análisis que, sin desdeñar sus perfiles teóricos, cubriese sus orientaciones más pragmáticas y casuísticas y ordenara oportunamente las líneas jurisprudenciales más relevantes, lo que se cumple en este caso junto a la explicación de este panorama jurisprudencial con riguroso criterio científico.