El presente trabajo tiene como objeto de estudio la importante reforma que del proceso penal se está gestando en tiempos actuales. Si bien únicamente contamos con el Borrador de Código Procesal Penal aprobado en fecha 25 de febrero de 2013, en éste se apunta como hoja de ruta un trasvase de facultades, dejando el peso de la instrucción detentado en la regulación vigente por el juez, en manos del MF. Se analizan los sistemas de investigación, así como la fundamentación que se halla tras la labor investigadora por una y otra institución, judicatura y fiscalía, desgranando las ventajas e inconvenientes de una y otra. Nos adentramos en la postura que, tanto la jurisprudencia constitucional como la del TEDH, tienen acerca de la regulación contenida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 y de la regulación proyectada, ya puesta en práctica en el ámbito procesal penal de los menores de edad (entre 14 y 18 años). Nuestro ordenamiento jurídico-procesal recoge un sistema mixto inquisitivo-acusatorio, mientras que el acusatorio puro es el que se propugna como el definitivo. Se aportan criterios doctrinales que se postulan a favor y en contra de tal reforma, con lo que se busca dar una visión no sólo científica, sino también crítica y reflexiva de los elementos sustanciales de uno y otro sistema.