La común referencia normativa al pleno desarrollo de la personalidad avala la superación del impulso tradicional a la interpretación del objetivo del derecho a la educación en términos de reproducción social mediatizada por los agentes educativos en la depuración de sus elemen-tos desechables. La socialización, la preservación del bienestar sicológico y el incremento de los conocimientos del menor representan sus exigencias fundamentales. Las soluciones a los problemas relativos al contenido, la competencia y las condiciones espacio temporales y per-sonales de la educación deberán aplicarse en la línea marcada por ellas. Las dificultades de conjugación simultánea de sus requerimientos en la articulación de determinadas institucio-nes educativas se solventarán en una prudente ponderación de los bienes en conflicto que en ningún caso habría de derivar en la desactivación del potencial transformador que se pre-sume a la fórmula jurídica que los implica. La prevención frente al riesgo de manipulaciones semánticas a su propósito habilitantes de amplios márgenes de discrecionalidad a los poderes públicos se impone en la estructuración de cualquier sistema educativo que pretenda salva-guardar su condición emancipatoria.