Las Administraciones públicas, para satisfacer los intereses generales de los ciudadanos, necesitan contratar bienes y servicios. Pero, el dinamismo económico de la sociedad actual, caracterizada por la globalización, el adelgazamiento del Estado y la liberalización de sectores, requiere, en muchos casos, cierta flexibilización de la estructura organizativa administrativa para agilizar su contratación y favorecer así la eficaz prestación de determinadas actividades. Sin embargo, esta discrecionalidad organizativa no puede menoscabar garantías ciudadanas ni principios jurídico-públicos. En esta monografía se fijan con precisión las posibilidades y límites de "La contratación de las sociedades en manos de las administraciones públicas", reflejando el necesario equilibrio que debe presidir la actividad contractual de las sociedades mercantiles públicas, e incidiendo en las obligaciones que les vienen impuestas no sólo por el Derecho comunitario, sino también por el propio texto constitucional que garantiza determinados intereses en las actuaciones públicas.