Las personas con discapacidad, un 10 por 100 de la población, son en España y en el mundo, todavía, una minoría discreta y aislada, sin que pueda afirmarse que gocen de normalidad cívica, esto es, que participen en plenitud, sin restricciones, exclusiones ni discriminaciones, en todos los órdenes de la vida en comunidad, a partir de haber logrado una posición respetada y respetable de dirección y control de su propia vida, de autonomía y de inclusión en el medio social. Tener, presentar una discapacidad castiga vital y socialmente; resta posibilidades, niega o reduce oportunidades, impide el ejercicio regular de los derechos, incluso de los más básicos, y dificulta a veces hasta el extremo el acceso a los bienes sociales de los que participan el resto de componentes de la sociedad.

Ante esta situación, de cuestión pendiente, no resuelta, que no puede postergarse más, se han rebelado, sobre todo a partir del último tercio del siglo XX, las personas con discapacidad, más sus familias, a través del activismo cívico -sociedad civil organizada-, con el objetivo de cambiar el entorno, de transformar de raíz los factores y condiciones -morales, mentales, políticos, sociales, económicos y jurídicos- que permiten ese estado de cosas. La movilización de las propias personas con discapacidad y las que simpatizan con su causa ha sacudido un statu quo insostenible y han señalado un horizonte de cambio profundo y perdurable que pasa por los derechos, la inclusión y el bienestar.

En este proceso de transformación y de generación de nuevas y más favorables condiciones de vida y de ciudada­nía, las personas con discapacidad han mirado hacia el Derecho y las Leyes, como elementos esenciales de la organización política y social, al ser los instrumentos en virtud de los cuales se ordena y regula la vida en comunidad, reclamando un viraje en su consideración hacia la discapacidad. Se ha pedido al Derecho y se espera de él que no restrinja, sino que promueva, que no trate a las personas con discapacidad con paternalismo, como sujetos pasivos que necesitan dirección y guía, sino que las empodere haciéndolas más fuertes y dotándolas de herramientas y destrezas de autodefensa, más competentes contra la discriminación y las violaciones de derechos.

Con la publicación de este título, Iniciación a los derechos y a la defensa legal de las personas con discapacidad, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación Derecho y Discapaci­dad proporcionan un vadémecum sintético sobre defensa legal de derechos concebido como instrumento no solo de conocimiento de la cuestión sino sobre todo de uso personal para la autoprotección.