Sobre la base de la confianza recíproca entre los Estados miembros de la Unión Europea y del reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales, las instituciones de la Unión han aprobado toda una batería de instrumentos legislativos que han provocado una suerte de “europeización del derecho procesal”. Al estudio y análisis de los más relevantes se dedican los autores de esta obra colectiva, que recoge las ponencias y comunicaciones presentadas al IX Memorial Manuel Serra Domínguez, encuentro académico que tuvo lugar en la Universidad de Valladolid los días 14 y 15 de noviembre de 2023.Se abordan en ella los temas de mayor interés en la actualidad, como la necesidad de crear estándares europeos en materia procesal civil y, en particular, concretas propuestas de reglas modelo europeas en materia probatoria, la armonización de las acciones colectivas, la tutela efectiva de los consumidores europeos, el impacto de la digitalización en la justicia civil y los métodos alternativos a la jurisdicción para la solución de controversias.En el ámbito procesal penal, se lleva a cabo una valoración global de lo que ha supuesto para los ordenamientos nacionales europeos la armonización de las garantías de investigados, acusados y víctimas, con un estudio específico del derecho a la presunción de inocencia, el ne bis in idem, las particularidades en los supuestos de menores infractores y la efectividad del derecho a una indemnización. También se analizan los más importantes y novedosos instrumentos de cooperación judicial: la orden europea de detención y entrega, el decomiso transfronterizo de bienes, la obtención de información electrónica, y los avances en materia de inteligencia artificial aplicada a la función jurisdiccional. Particular atención se presta al relevante papel que viene desempeñando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la armonización de legislaciones nacionales y en la definición de los concretos mecanismos de cooperación vigentes.Y se dedica un bloque propio a la Fiscalía Europea. Sin duda un auténtico hito jurídico, pues ha supuesto la instauración de un actor genuinamente europeo en los procesos penales nacionales.