El problema de la prevención y represión del extremismo violento preocupa a nuestros poderes públicos desde hace décadas. Sus estrategias internas han impregnado la adopción de acciones conjuntas y la actuación de las organizaciones internacionales. Esta inevitable sintonía se deshace cuando se pronuncian los órganos encargados de la protección de de­rechos humanos de estas organizaciones que en este marco preventivo y desde finales del siglo XX destacan la importancia y los límites de la libertad de expresión en un panorama jurídico y político que considera a la misma un pilar básico de la sociedad democrática.

Esta ambivalencia determina la respuesta penal que ofrece el Estado español, el cual, tras una épo­ca de máxima permisividad en este campo, va estrechando el cerco punitivo en los últimos años contra la manifestación del pensamiento extremis­ta o radical, sin que exista una frontera nítida entre lo permitido y lo prohibido. En conjunto, la obra ofrece una visión integral de este conflicto crucial en un Estado democrático gracias a la tarea investigadora de sendos especialistas en Derecho internacional público y Derecho penal, disciplinas necesariamente cohesionadas en el abordaje del fenómeno.