La historia de la civilización está indisolublemente unida a los puertos, cuyo valor estratégico en el comercio determina que además de promover el desarrollo de las ciudades y de los países, contribuyan a la creación de empleo y a la producción de recursos para el Estado.
La capacidad del tráfico portuario para generar ingresos, sobre todo tributarios, es el contenido principal de esta monografía en la que hemos analizado las tasas más importantes previstas en el Real Decreto Legislativo 2/2011, otros medios de financiación, algunas cuestiones técnicas que han dificultado la caracterización de los ingresos públicos portuarios y, a efectos comparativos, el régimen al que se someten algunos puertos en países que tienen una especial relación con España. De forma clara y sencilla, se recogen los resultados de una investigación que tiene un objeto escasamente estudiado desde el punto de vista jurídico, financiero y tributario, y en el que inciden muchas variables de índole política, administrativa, económica y social, y que ha alcanzado un interés muy elevado.
Los estudios de Derecho comparado han sido muy útiles para poner de manifiesto que la ordenación de los puertos y su financiación requieren soluciones que se correspondan por el dinamismo del comercio internacional. Por consiguiente, y en nuestro país, la financiación debe ser suficiente para que los puertos españoles conserven y mejoren su posición en el mapa internacional de puertos, mediante la implantación de servicios portuarios ágiles y desprovistos de burocracia administrativa innecesaria. En este sentido, España debe defender una posición internacional digna de su historia.