En este libro van incluidos estudios de diversa naturaleza, aunque unidos todos ellos por el nexo común de responder a las líneas inspiradoras o caracterizadoras del Régimen de Franco. Unos contemplan diversas facetas de la concepción utópica que, a través del Derecho, tenía el Estado franquista sobre la conducta modélica de sus súbditos. Era el caso del papel arquetípico atribuido en aquella sociedad a la mujer, objeto de una particular instrucción sin otra finalidad que la de hacer de ella una perfecta esposa, núcleo central de esa célula básica de la sociedad y del Estado que era la familia. Otros examinan el sistema de protección social establecido para favorecer a las familias numerosas, los subsidios familiares con los que se pretendía paliar en lo posible las privaciones de una sociedad empobrecida por las secuelas de la guerra, o las pensiones y prestaciones extraordinarias que vinieron a compensar a las familias de los combatientes del bando nacional que habían perdido la vida o que fueron dados por desaparecidos, dejando en la indigencia a quienes dependían económicamente de ellos, y a las de aquellos otros que sufrieron la misma suerte como sospechosos de simpatizar con los sublevados. Otros estudios contenidos en este volumen tratan de algunos aspectos interesantes del régimen penitenciario franquista entre 1936 y 1955, a propósito del establecimiento de una política de redención de penas por el trabajo, o de ciertas manifestaciones del intervencionismo estatal, propias de un régimen militarizado en el que el Ejército asumió desde el principio funciones que consagraron su condición de pilar básico del mismo, como son la regulación de los requisitos exigidos para autorizar los matrimonios de los soldados, o el especial tratamiento que la Ley penal y disciplinaria de la Marina Mercante deparaba al delito de abandono del buque o al de deserción. En esa misma línea ha parecido oportuno estudiar la creación, el funcionamiento y las competencias del Alto Tribunal de Justicia Militar, al que correspondía el ejercicio de la jurisdicción castrense, en paralelo con el Consejo Nacional de Seguridad de la República, encargado de hacer frente a la insurrección y que, al cabo, se mostró incapaz de contener el alzamiento.